EL ETERNO CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN QUE NO ENCUENTRA RESPUESTAS

Río Negro entre las cinco provincias que más situaciones de violencia familiar se registran en las escuelas de gestión estatal, de acuerdo a lo indicado por directores que, según declararon, debieron intervenir.

Salarios, infraestructura, cuestiones pedagógicas; la tecnología: todos conceptos que se mencionan al hablar de educación en el país, aunque, con resultados escasos. Una discusión que virtualmente está siempre presente, pero no se discute; no se debate y no tiene conclusiones más que diagnósticos alarmantes.

También, un indicativo que afecta el rendimiento, se suma como condimento, en algunos casos, imperativo. La violencia familiar se convirtió en un factor de riesgo para el aula. Una “epidemia silenciosa”, se señala, con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes.

Por Adrian Moreno

Un informe dado a conocer por la organización Argentinos por la Educación, da cuenta de que 1 de cada 2 alumnos de primaria habla de violencia doméstica en la escuela. Las instituciones educativas juegan un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares. En las escuelas estatales, 1 de cada 3 directores tuvo que intervenir en este tipo de situaciones, mientras que en las instituciones privadas, es 1 de cada 4.

La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. Por otro lado, el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas. Las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%).

Los datos surgen del informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano – UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento aborda el rol de las escuelas en la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.

El informe plantea que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una “epidemia silenciosa” con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes. En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%).

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan que han tenido que intervenir en este tipo de situaciones.

En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

Porcentaje de directores que declaran haber intervenido en situaciones de violencia familiar en el último año, por sector de gestión (primaria, 2021).

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.