JOSÉ GUZMAN: «LUCAS ERA UN PIBE HUMILDE Y DE GRAN CORAZÓN»
Te presentamos un nuevo trabajo del periodista Lucio Casarini, perteneciente a su propuesta denominada: «Testimonios», un recorrido que muestra en vivo y desde adentro, a los familiares de víctimas de hechos de violencia.
Su hijo sumaba 18 años cuando falleció víctima de la masacre de Cromañón, hace casi dos décadas. El padre canalizó el dolor mediante una escuela de boxeo con el nombre del muchacho en su localidad, González Catán, partido de La Matanza. Sin embargo, según cuenta, la angustia por la injusticia le generó una diabetes que lo privó de la pierna derecha.
Por Lucio Casarini
«La amputación de mi pierna es producto de la pérdida de Lucas; yo era una persona sana, inclusive fui donante de sangre durante 25 años; me descubrieron la diabetes justamente en un momento en que fui a dar para una persona que necesitaba; estaba en la lista, me extrajeron y detectaron que tenía la enfermedad; me dijeron usted se encuentra inhabilitado; registra una dolencia que lo va a empezar a afectar; me hago cargo de que tardé en darle la importancia correspondiente, pero yo sabía de antemano que la muerte de mi hijo me iba carcomiendo; el desgaste de la lucha interminable, que aún continúa».
José Atilio Guzmán vive en un barrio obrero de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. El menor de sus cuatro hijos, Lucas, tenía 18 años cuando murió en la masacre del boliche República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, hace casi dos décadas. Con al menos dos centenares de extintos y miles de heridos, el horror del barrio porteño de Once es la peor hecatombe del rock a nivel mundial. El entrevistado canalizó el dolor mediante una escuela de boxeo con el nombre del muchacho. Sin embargo, la angustia por la injusticia le generó una achaque que hace dos años lo privó de la pierna derecha.
«Querido hijo, tu ausencia arruinó para siempre mi vida y la de tus hermanos; aún seguimos luchando y exigiendo justicia por todos los pibes y pibas masacrados en Cromañón», lee la voz del testimonio una frase escrita a mano en un cartel de cartón con mango de madera (además aparecen la foto del chaval, el título «Organización Lucas Guzmán», el lema «Cromañón nunca más» y el esbozo simbólico de dos zapatillas); «cárcel a Ibarra y a todos los políticos responsables de ayer y de hoy; a 20 años, ni olvido ni perdón; fiscales, jueces y gobernantes; corruptos, criminales y siniestros personajes; no a la impunidad».
«Se van a cumplir 20 años el 30 de diciembre y nosotros estamos preparando algo acá, donde residimos», explica José entusiasmado; «haremos una charla debate en el Galpón 3, a metros de la estación González Catán, el día 30 de noviembre a partir de las 16; invitamos al público en general; grandes, medianos o chicos; todas las personas que se quieran acercar pueden hacerlo libremente; queremos dar a conocer nuestra lucha, qué hemos hecho durante 20 años; los escraches a [Aníbal] Ibarra y los demás responsables directos e indirectos de la masacre; por las víctimas fatales, los sobrevivientes y los familiares».
La brega de los parientes y los heridos ostenta hitos mayúsculos en materia penal y política. Con veredictos históricos logrados de manera progresiva y paciente en distintas instancias. Como principales culpables materiales están sentenciados Emir Omar Chabán, gerente del predio (muerto en 2014 de forma natural en condición de preso); Raúl Alcides Villarreal, colaborador de este; Rafael Levy, propietario del inmueble; Diego Marcelo Argañaraz, mánager de la banda Callejeros; y Carlos Rubén Díaz, subcomisario. El máximo responsable político es Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno de la Ciudad, que fue destituido.
Otros convictos son los músicos: Patricio Fontanet, Maximiliano Djerfy, Elio Delgado, Cristian Torrejón, Juan Carbone y Eduardo Vázquez. Este sumó después la cadena perpetua por el crimen de su esposa, Wanda Taddei, perpetrado en 2010 (la roció con alcohol y la prendió fuego durante una discusión de pareja). Más castigados por el desastre de la disco: Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández, Gustavo Torres y Roberto Calderini, funcionarios porteños; Rubén Fuerte y Luis Perucca, empresarios; Alberto Corvellini, Marcelo Nodar y Marcelo Esnok, integrantes de Bomberos de la Policía Federal.
Esta foto muestra a José en 2005 durante un reclamo de justicia en medio de una multitud de parientes y ciudadanos. A su lado está Mariana Márquez, mamá de Liz de Oliveira, otra víctima de Cromañón originaria de González Catán. Mariana fue la primera fallecida del grupo de familiares, pues padecía un cáncer que le quitó la vida ese mismo año. Antes protagonizó un hito crucial. «Mirame a los ojos; yo soy una madre y esta es mi hija de 17 años, a la que mataron», le mostró un afiche a Aníbal Ibarra en la Legislatura porteña dos meses después del horror; «mi hija es un cadáver, pero vos sos un cadáver político».
Liz puede contemplarse en el retrato que sigue; está junto a su compinche en una pancarta azul colgada de la pared con la leyenda «Lucas 18 años y Liz 17 años; amigos inseparables». Ambos habían compartido la secundaria. Los otros protagonistas de la instantánea, además de José, son Mariana, la hija mayor de este, y Hernán Gómez, camarada de Lucas, que manipula la guitarra. Hernán aparece entonando una canción, titulada Pensando en alto, que compuso en honor del fallecido. Igual rótulo que el tema musical poseía la banda de rock que lideró Fabián, otro hijo de la voz del testimonio, hasta la masacre.
«Soy una persona nacida en los montes santiagueños», evoca José su infancia en el paraje de Suncho Pozo, departamento de San Martín; «me eduqué en un colegio de campo», nombra la Escuela Nacional 185 de la localidad de Tacoyoj; «gracias a mis padres», menciona a su mamá Silvina Encarnación y su papá Francisco Gerónimo, alias don Pancho; «su insistencia para que concurriera a clase; a veces veía cómo se sacrificaba mi viejo en los trabajos rurales; yo le decía te ayudo a cargar la zorra con la alfalfa macheteada; me contestaba no, hijo, al colegio; allá van a aprender lo que yo no les puedo enseñar acá».
Esta imagen conmovedora plasma un domingo a la tarde en la plaza central de González Catán. José suele aprovechar ese marco apacible para decir unas palabras en el micrófono en honor de su hijo y las demás víctimas de Cromañón y además, como corresponde, para refrescar el pedido de justicia. Los vecinos, con cierto porcentaje de niños, en general escuchan con respeto y atención. Sentada a su lado aparece Natalia Gerez, una prima de Lucas. Por la espalda lo abraza Mónica Schildt, mamá de Marianela Rojas, que tenía 19 años cuando se convirtió en otra presa mortal del boliche del barrio de Once.
«Cromañón provocó la pérdida de más de 200 chicos», plantea el papá de Lucas; «no como dijo Aníbal Fernández [entonces ministro del Interior de la Nación], que sostuvo que son 194; el número es de 2002 víctimas fatales; quedaron afuera tres chicos de religión musulmana, tres pibes de los Testigos de Jehová y dos jóvenes de Bolivia que habían venido a pasar el Año Nuevo con familiares residentes en la ciudad de Buenos Aires; están ausentes del listado de víctimas; en algún momento le pregunté a Aníbal Fernández por los últimos; me contestó que la Embajada de Bolivia había acordado con la Cancillería Argentina».
Convertir en sitio histórico el recinto del exterminio en masa es una de las mayores deudas. La ley nacional 27.695, que habilita al Estado a adueñarse del inmueble indemnización mediante, fue sancionada por el Congreso en 2022 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en 2023. Sin embargo, el edicto se encuentra en peligro de quedar obsoleto porque venció el plazo de dos años para concretar su aplicación. La fecha límite era el 9 de noviembre. En realidad, se trata lisa y llanamente de una decisión política. Solo requiere ingresar al predio y cotizar su valor por peritos del Tribunal de Tasación de la República.