TORRES TAMBIÉN PRESENTÓ UNA DENUNCIA CONTRA LA JUEZA KARINA ANDRADE
El conocido abogado penalista de Viedma, Damián Torres, presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a las personas que fueron detenidas a raíz de los incidentes ocurridos el miércoles 12 de marzo, frente al Congreso Nacional, y que fue motivo también, de una denuncia penal presentada por el Gobierno nacional.
Torres, a la vez, dijo que como ciudadano se sintió «impotente. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo y la jueza no dio argumentos técnicos sino ideológicos, el derecho a la protesta no garantiza: violencia o resistencia contra la autoridad». Según el abogado, «lo expresado en esa marcha de jubilados en la que participaron barrabravas y distintos sectores políticos, no fue una protesta sino un acto organizado por violentos«.
«Peor fueron las argumentaciones que dio de no contar con elementos para hacer un efectivo control… en las primeras horas siempre hay datos escasos, pero eso no quiere decir que hay que liberar a las personas. Eran 114 personas con antecedentes penales. La propia jueza dijo que no pudo hacer un control eficaz, quiere decir que falló».
Torres tendrá que ratificar la denuncia en esta semana, dentro del Consejo de la Magistratura de CABA. La sensación que da es que no fue idónea. La denuncia de Gobierno fue penal. Hasta donde sé, la denuncia al Consejo de la Magistratura fue la mía.
Desde el Gobierno:
A través del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei denunció a la jueza Karina Andrade, cuestionada por su decisión de liberar a más de cien detenidos por su participación en los graves incidentes ocurridos durante la marcha por los jubilados frente al Congreso, el miércoles pasado.
A través de un escrito firmado por su director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto, Bullrich hizo efectiva la denuncia contra la jueza por prevaricato, además de encubrimiento al delito de sedición y omisión de sus deberes de funcionaria pública, ante la Justicia Federal de Comodoro Py.
Fuente: La Nación